La agencia Trump despidió casi toda la rama de derechos civiles del Unidad de Seguridad Doméstico el viernes, destripando una oficina ministerial responsable de realizar la supervisión de la represión de inmigración del presidente Trump.
Los más de 100 miembros del personal se les dijo el viernes que se les dejaría de atrevimiento para 60 días para encontrar otro trabajo en la agencia o ser despedido en mayo, según cinco funcionarios gubernamentales actuales y anteriores. Trump incluso cerró el Defensor del Pueblo para los Servicios de Ciudadanía e Inmigración, otra oficina responsable de analizar las políticas legales de inmigración de la agencia.
Los movimientos fueron el final intento del Sr. Trump de eliminar las divisiones de derechos civiles y los mecanismos de supervisión entre las agencias gubernamentales. Pero el obturación de la Oficina de Derechos Civiles y Libertades Civiles del Unidad de Seguridad Doméstico fue particularmente trascendente dada la desatiendo de transparencia sobre la represión de inmigración de la agencia.
Trump ha sido determinado en su segundo mandato para certificar que su agencia esté hecha de leales que no intentarán estrechar su dietario.
Adaptado esta semana, la agencia Trump puso a un magistrado federal que buscaba información sobre el uso de una ley de enfrentamiento del siglo XVIII para deportar a los inmigrantes con poco o ningún conveniente proceso a una prisión en El Salvador.
“Es una demostración de su total desprecio por cualquier control sobre su poder”, dijo Deborah Fleischaker, ex trabajadora de oficinas de derechos civiles y patrón de personal de inmigración y aplicación de aduanas bajo la agencia Biden. Ella dijo que la oficina “se esforzó por hacer que la cometido del DHS funcione con respeto a los derechos civiles, las libertades civiles y la privacidad”.
“Este es un mensaje claro de que esas cosas no les importa a esta agencia”, agregó.
Tricia McLaughlin, portavoz del Unidad de Seguridad Doméstico, dijo que la osadía estaba destinada a “racionalizar la supervisión para eliminar los obstáculos a la aplicación”.
“Estas oficinas han obstruido la aplicación de la inmigración al anexar obstáculos burocráticos y socavar la cometido del DHS”, dijo McLaughlin. “En lado de apoyar los esfuerzos de aplicación de la ley, a menudo funcionan como adversarios internos que ralentizan las operaciones”.
La oficina investiga las acusaciones de migrantes, sus familias y el notorio.
En un ejemplo, en 2021, la oficina investigó el uso de la agencia Trump de la política de restos en México, lo que obligó a los migrantes a esperar en México hasta la data de su aparición en el tribunal de inmigración.
El crónica final encontró que la agencia había colocado a niños no acompañados y personas con lozanía mental y otros problemas médicos en el software.
La Oficina de Derechos Civiles incluso realizó una supervisión de las otras agencias bajo el Unidad de Seguridad Doméstico, incluida la Distribución de Seguridad del Transporte y la Agencia Federal de Encargo de Emergencias.